Hace cuatrocientos años, exactamente el 9 de abril de 1609, Felipe III,firmó el decreto de expulsión de los moriscos.
El proyecto no era nuevo. La posibilidad ya había sido barajada por sus antecesores en el trono, Felipe II y Carlos I. En total fueron expulsados de España unos 300.000 moriscos que, no olvidemos, eran españoles –descendientes de musulmanes que podían haber llegado a la península desde hacía nueve siglos- y cristianos, ya que habían sido obligados a convertirse décadas atrás.
Los moriscos fueron obligados a marcharse para no volver jamás. Protagonizaron, a su pesar, el mayor éxodo de españoles de la historia hasta el que sucedería tras la Guerra Civil. Las consecuencias de esta salida forzosa fueron dramáticas para todos y cada uno de los expulsados y, también, para los que se quedaron. Y fue precisamente Aragón la región que, junto a Valencia, más sufrió con esta medida. Y es que de Aragón salieron, a principios de 1610, más de 60.800 moriscos (entre un 15 y un 20 por ciento de su población), lo que supuso la despoblación de amplias zonas rurales, el abandono de regadíos e infraestructuras agrícolas, así como considerables pérdidas económicas por la reducción de ingresos fiscales.
¿Qué causas empujaron al rey a tomar esta drástica decisión? Cuenta el hispanista Bernard Vincent que las causas oficiales que se dieron en su época no pueden desdeñarse: los moriscos continuaban siendo herejes pese a su conversión forzosa a principios del siglo XVI y que por eso eran peligrosos dados sus contactos con otomanos y berberiscos. Sin embargo, en su opinión, la verdadera razón hay que buscarla en el terreno de la política: la monarquía estaba en crisis y expulsando a los moriscos dejaba claro ante el resto de reinos europeos que seguía teniendo mano dura y se mantenía al frente de la cristiandad, sin importarle acabar de un plumazo con las esperanzas de 300.000 españoles.
Fuente: Alicia Almárcegui
